DETECTIVES BARCELONA- SECUESTROS DE NIÑOS EN ESPAÑA

SECUESTRO DE NIÑOS EN ESPAÑA - MC DETECTIVES -
Este artículo-testimonio está reproducido de http://www.centrodecriminologia.com/DiccionarioTipologia.HTM#niños
Organización de Usuarios de la Justicia

Colombia, México, República Dominicana. Son algunas de las bases operativas de la trata de niños. En la ciudad boliviana de Sucre, varios abogados dirigen el negocio bajo la tapadera de asesorar a los adoptantes extranjeros. El cónsul de Bolivia en Barcelona conoce sus nombres.
Constituyen verdaderas mafias. A veces compran las criaturas a las parturientas y en ocasiones las secuestran con premeditación y alevosía.

En uno y otro caso el destino es Norteamérica y Europa. Matrimonios del viejo continente, desahuciados por la ginecología y por los santos, cierran los ojos y abren la cartera. Hay quien ha pagado hasta un millón de pesetas por un recién nacido de tez rubia y ojos azules. Pero no siempre los ricos y civilizados congéneres de Mozart, Andersen o Picasso necesitan ir tan lejos para buscar la solución a su soledad. La inmigración y la pobreza también son caldo de cultivo para el comercio ilegal de niños.

Luzminda llegó a Barcelona a principios de 1985. Huía del hambre y de un destino nada halagüeño: dejar hebras de dignidad en los sórdidos burdeles de Manila. Conoció a Marcos, también filipino. Cuando la hija contaba dos años de edad, la internaron en los Hogares Infantiles Félix, un centro de acogida de niños inmigrantes fundado por el sacerdote dominico Ruperto García Núñez, por la negativa de los amos de la casa donde servían como criados a permitirles tenerla consigo.

Margarida, de cuarenta años de edad, asidua visitante del centro, quedó prendada de aquella muñeca de mirada sonriente y cabello ensortijado. Enseguida contó con la autorización de la madre superiora para llevársela de vez en cuando a su casa. La quería y mimaba como si fuera de su misma sangre.

Un día, invitó a Luzminda y a Marcos a merendar galletas y chocolate. "Hemos pensado ayudaros", dijo el marido de Margarida. "Sólo disponéis de una tarde libre cada semana para ver a la niña y es una pena tenerla internada. Disfrutamos de una buena posición económica y no sería un dispendio correr con los gastos de alimentación y enseñanza". "Pero, no nos la quitarán, ¿verdad?", balbuceó Marcos. "¡Por Dios! -replicó Margarida-. "Somos cristianos". Los filipinos aceptaron la proposición del matrimonio catalán y Margarida rejuveneció dos décadas. Durante tres años no hubo ningún roce entre ambas parejas.

Luzminda y Marcos acudían todas las semanas a ver a Rose Mary, pero la niña llamaba mamá a la cónyuge del agente de seguros. Cuando iba a cumplir seis años, Margarida la matriculó en la Escola d'Iniciació Esportiva. El progresivo desapego de su hija y la disconformidad del matrimonio filipino con las competiciones de atletismo sembraron la discordia entre los cuatro. Marcos alquiló un lúgubre apartamento en una callejuela de Sants. "Buscaremos un colegio cercano", dijo a Luzminda. Pero la familia de Margarida encajó con mal talante la idea de perder a Rose Mary.

En realidad, nunca habían contemplado tamaño supuesto. Tras consultar con un abogado la posibilidad de forzar la adopción, interpusieron una denuncia ante la Fiscalía de Menores de Barcelona. Acusaron a los padres de Rose Mary de haberse desentendido de la niña. "Sólo telefonean esporádicamente. Nuestros hijos son sus hermanos y nosotros sus padres. Luzminda y Marcos son unos extraños para ella.

No quiere ni jamás quiso irse con ellos, y últimamente está profundamente afectada por la exigencia de ambos de llevársela cada fin de semana, pues además le hablan en un idioma incomprensible para la niña. Que a la vista del sufrimiento de Rose Mary, expusimos el problema a sus padres con el fin de hacerles ver la necesidad de convivir más tiempo con su hija y participar en sus actividades.

La respuesta de dichos señores ha sido su propósito de regresar a Filipinas, una actitud injusta e inhumana respecto a la hija por cuanto desde pequeña ha convivido felizmente en nuestra casa (…). Por todo lo manifestado, SOLICITAMOS al Ministerio Fiscal que adopte las medidas necesarias en defensa de los derechos de la niña privándoles a los padres de la patria potestad porque con nosotros cuenta con la posibilidad de crecer y educarse en un ambiente familiar y cristiano".


El escrito iba acompañado por sendos certificados del colegio Virrei Amat y de la Escola d'Iniciació Esportiva, así como de una lista de veinte testigos "pudientes y católicos". Todos contra dos desgraciados extranjeros, y quien sabe si también sin alma. Tras el visto bueno de la Fiscalía de Menores de Barcelona, la Dirección General de Atención a la Infancia del Gobierno Autónomo Catalán, decretó el desamparo de la menor y asumió la tutela; ratificó la guarda de la niña en el domicilio de Margarida y suprimió las visitas de los verdaderos padres.

También solicitó a los Mossos d'Esquadra (la policía autónoma catalana) la investigación sobre los antecedentes personales del matrimonio filipino y su medio de vida. No surtió efecto el escrito presentado en su defensa por Luzminda y Marcos ni tampoco la entrega de sus pasaportes en el consulado de Filipinas en Barcelona como prueba de no querer abandonar España. Casi tres meses tardó el Juzgado de Primera Instancia número 19 de Barcelona en dictar un auto revocando la resolución de la Dirección General de Atención a la Infancia.

El recurso de este organismo del Gobierno Autónomo Catalán destilaba ramalazos de xenofobia y racismo. Entretanto, Margarida acudió a la Organización de Usuarios de la Justicia acompañada por una funcionaria del Servicio de Actos de Comunicaciones del Juzgado Decano de Barcelona, vecina de Margarida. Conversamos durante tres horas. Terminó derrumbándose porque sin la niña no iba a poder vivir. Comprendí su dolor, pero no la consideré una víctima de ninguna injusticia. No prosperó su idea de robar a la niña con subterfugios.
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Distinta suerte corrió la hija de Rosario Bermudo Mora. Vino al mundo la nochebuena de 1992, en la clínica La Alianza de Mataró. Pesó tres kilos y medio. No padecía ninguna enfermedad. Antes de cumplir los tres días, la Dirección General de Atención a la Infancia, y en virtud de lo previsto en la Ley 37/1991 del Parlamento Autónomo Catalán, acordó el desamparo de la niña y ordenó su acogida en los Hogares Mundet. Lo hizo sin dar ningún tipo de explicaciones preceptivas a Rosario.

Durante quince días anduvo sin rumbo fijo. No sabía adonde acudir ni a quien demandar socorro. Una vecina la remitió al Juzgado de Guardia de Mataró, donde denunció el secuestro de la hija. Sólo cuando dio una conferencia de prensa en la Organización de Usuarios de la Justicia, el Juzgado de Instrucción número 3 de Mataró ordenó a la Policía Judicial la investigación de los hechos. El 26 de enero me personé en el juzgado porque a Rosario no le daban copia de las actuaciones.

El secretario accedió a cumplir con su obligación, no sin antes cometer una falsedad en la diligencia: "Yo, el secretario, hago constar que hasta el día de la fecha la señora Bermudo no ha solicitado testimonio alguno de las actuaciones". Un escrito registrado en el juzgado cinco días antes probaba lo contrario.

Impugnó la resolución de la Dirección General de Atención a la Infancia ante el Juzgado de Primera Instancia número 19 de Barcelona y dos meses después la autorizaron a ver a la niña una vez al mes. Pero nunca le dijeron donde se hallaba. El 14 de junio, el juzgado dictó un auto denegando la oposición de Rosario a la tutela asumida fraudulentamente por la Dirección General de Atención a la Infancia (incumplió la propia Ley 37/1991) porque "no existen lazos afectivos entre la madre y la hija". Definitivamente, Rosario se había convertido en una fábrica de parir niños para matrimonios catalanes. Dos años atrás ya le habían quitado otro bebé "por ser prostituta".


El 13 de diciembre de aquel año, el periódico Nou Diari tituló un reportaje: "Un juez investiga a la Dirección General de Atención a la Infancia por una denuncia de tráfico de niños". Los hechos se remontaban a principios de 1991, cuando María Dolores Esquivias Ugena parió a su primer hijo. A la mañana siguiente, una enfermera le hizo entrega de la resolución de la Dirección General de Atención a la Infancia declarando el desamparo del recién nacido.

Nunca le permitieron verlo. "Las actuaciones de los centros asistenciales son de una arrogancia suprema -declaró el marido de María Dolores-. Nada les importa porque tienen el soporte del poder político". Denuncias similares han provocado la indignación y la alarma social en Madrid, Andalucía, Euzkadi… "Todos los Estados deberán acordar claramente un elevado nivel de compromiso y prioridad en la lucha contra el tráfico, la venta y la explotación de los niños, y la eliminación de tales males.

Semejantes actividades no podrán justificarse por razones de pobreza o subdesarrollo" (resolución de la Comisión de Derechos Humanos, hecha en Ginebra, en 1991, durante el cuadragésimo octavo período de sesiones).

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